Un fallo con falla
Javier Villa Stein
justifica Resolución y asegura: “El Derecho Penal no puede ser instrumento para
venganzas”, dijo.
“El delito de lesa humanidad
viene desde la Segunda Guerra Mundial, con la sentencia de Núremberg, y fue
establecido porque se afectó a la
población civil. Tiene que ser un delito generalizado (sistemático), como lo
señala también el Tribunal Penal Internacional de Roma. Eso no se da en este
caso. Además, el fiscal en su acusación no solicitó condena por delito de lesa
humanidad. (…) El Derecho Penal no puede ser instrumento para venganzas.”, así, en esos términos,
el magistrado Javier Villa Stein justificó
la Resolución de la Corte Suprema que él preside.
La Resolución reduce las condenas de 25 a 20 años de los sentenciados del
Grupo Colina. Montesinos, Hermosa Ríos, Pichilingüe, entre otros condenados por
el delito de lesa humanidad, se benefician directamente con la medida judicial.
Pero, lo que más llamó la atención fue que el magistrado Villa Stein,
para pretender fundamentar la controvertida Resolución, dijese que “era una
forma de compensar la violación del
plazo razonable” que habría afectado a los condenados.
El presidente de la república, Ollanta Humala Tasso, mostró su sorpresa y
extrañeza por la Resolución. “Supongo que
tendrán argumentos de peso“, dijo. Y agregó que inmediatamente presentarán la
apelación. “En estos momentos lo deben estar haciendo“, precisó.
El ministro de Justicia confirmó la apelación al tiempo que calificó de “Vergüenza” lo dispuesto por la Corte Suprema.
La representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Gloria
Cano, por su parte, también cuestionó la Resolución.
Todo indica que, una vez más, se buscan seudo salidas judiciales con nombre
propio para favorecer a determinados actores de la guerra interna producida en
nuestro país entre 1980 y 1992, frente a un problema que es a todas luces
político y cuya salida es necesariamente política.
Empero, el Estado y sus diversos estamentos están hace buen tiempo
entrampados en un asunto que, antes que judicial, es político.
El tema es usado de manera recurrente para atizar pugnas y contiendas entre grupos y facciones, para erosionar
el ánimo no solo de los familiares de las víctimas, sino de las propias Fuerzas
Armadas.
Más allá de que la Resolución Suprema resulte cuestionable, en lo que tiene
razón el señor Javier Villa Stein es en que el derecho no puede ser usado como
instrumento de venganza.
Tal parece que un sector pretende que el enfrentamiento entre peruanos
prosiga por los siglos de los siglos. Hay quienes, pareciera, están, hace buen
tiempo también, judicializando su venganza. En tanto que más del 90% de
desaparecidos continúan “bien” desaparecidos.
Al respecto, no hay una política de Estado para encontrarlos. Salvo algunos
casos denominados emblemáticos, como los de La Cantuta y Barrios Altos, el
resto no pareciera interesar a nadie.
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