Julio César Galindo y sus esfuerzos contra la libertad de expresión

Julio César Galindo se ha convertido en una enorme piedra en el zapato del actual régimen. Su actuación como Procurador Antiterrorista es poco menos que deficiente. No tiene en su haber un solo caso judicial ganado –de entre tantas denuncias hechas contra personas a las que maliciosamente comprometió con delitos de terrorismo–; por lo tanto, su papel como defensor de los intereses del Estado, en la lucha contra el terrorismo, es sencillamente nulo.

La pregunta, entonces, es ¿por qué el gobierno del presidente Ollanta Humala lo mantiene en un cargo tan importante, a pesar de su ineficacia y de las denuncias por actos de corrupción al que recientemente fue sometido a consecuencia de una denuncia hecha ante el Ministerio Público por el abogado de la procuraduría?

En todo esto, debe haber algo más que una simple obstinación gubernamental por evitar allanarse a la voluntad de la opinión pública que reclama la destitución de su procurador. Igualmente, es poco probable que la denuncia por uso ilegal de fondos y nombramiento ilegal de cargo público al haber contratado como secretaria a Rocío Huamán, quien habría trabajado en su casa como empleada doméstica, sea minimizada por el gobierno del presidente Humala.

El sentido común indica que ningún gobierno decide cargarse con el fardo que implica mantener en el cargo a alguien con una denuncia penal por presuntos delitos que pueden calificarse como corrupción, tampoco a alguien demostradamente incompetente.
Entonces, la pregunta sigue siendo: ¿qué hay detrás de todo esto?

Como ciudadanos, creemos tener derecho a preguntarnos por esta falta de decisión de la administración gubernamental que se resiste a destituir a alguien deshonesto e inútil. Pero, además, porque somos testigos de excepción de las denuncias tendenciosas de este mal funcionario, quien ha conducido, por ejemplo, una persecución perversa contra los periodistas de Con Sentido. Primero, denunciándonos por el delito de apología al haber publicado una entrevista a un sentenciado por terrorismo, denuncia que fue archivada en todas las instancias. Luego, por un presunto delito de revelación indebida de clave secreta de un supuesto colaborador eficaz a quien el propio Galindo, en su empeño persecutorio o a lo mejor deliberadamente, lo entregó, pues, lejos de proteger su identidad frente al informe periodístico hecho por la revista Con Sentido, el procurador confirmó con su denuncia penal en contra nuestra, que el personaje señalado en la información era nada menos que su protegido. Pero, lo que es más grave, su pseudo protegido, lejos de mantenerse en el anonimato, sigue exhibiéndose hasta hoy, cual si fuera una vedette, en las redes sociales, tomándose fotos con muchas personalidades públicas opinando con nombre propio y conduciendo un programa de radio sin que su “protector” lo proteja. 

Pero, la verdad es que, en ambos casos, las denuncias tendenciosas fueron archivadas, ratificándose de este modo, que no se trataba de una persecución judicial, sino política. La justicia peruana no podía condenar a alguien que en uso del derecho a la libertad de expresión estaba facultado a publicar una entrevista periodística o de poner en evidencia las malas prácticas de un personaje infiltrado en organizaciones sociales, dedicado exclusivamente a buscar la detención de mucha gente que, felizmente, se encuentra en libertad luego de comprobarse la calumnia por la cual aquél sujeto infiltrado venía involucrándolos en delitos tan delicados como el terrorismo y el narcotráfico.

Ahora, la mínima justicia que se espera de un gobierno que se precia de ser democrático, además de pedir disculpas por las denuncias calumniosas que hizo su procurador en contra nuestra, es remover del cargo a quien, representando al Estado, decidió actuar de mala fe, haciendo ver que el gobierno y el Estado peruano pretende penalizar la opinión y perseguir a sus críticos.

La apelación presentada por Galindo, contra la sentencia absolutoria a favor del director y el responsable de la Unidad de investigación de esta revista, sigue demostrando la obstinada conducta e incompetencia del Procurador Galindo.