La salida de los ministros del Interior,
de Justicia, y de Energía y Minas a raíz de la crisis de Pichanaki,
sencillamente no resolvió ni el conflicto con la Pluspetrol, ni aquellos que tormentosamente
se avecinan.
Según la Defensoría del Pueblo, en el
país subsisten 210 conflictos latentes. Uno de ellos corresponde al lote 1 AB, en
Andoas, Loreto, donde se explota petróleo. Se sabe que la toma de los pozos
petroleros a cargo de los pobladores paralizó la producción, exigían la
compensación por el uso de las tierras, pero también por los efectos del
derrame de crudo.
Se informa también que la tensión se
mantiene en otras cuencas aledañas, donde los pobladores demandan que Pluspetrol
pague un precio justo por sus tierras. La negativa y desdén de la empresa
provocó una primera reacción de la comunidad que tomó las instalaciones de
Pluspetrol en el lugar.
Pero la amenaza no solo se observa en
el Oriente. El proyecto minero Tía María en Arequipa, donde la Southern Perú
Copper Corporation desarrolla sus actividades, sigue siendo un caldero. Los
enfrentamientos registrados en ocasiones anteriores no parecen haberse calmado
por completo. Tanto autoridades, dirigentes y población en general anunciaron
que impedirán a toda costa la ejecución del proyecto porque simplemente sigue
siendo una grave amenaza para la salud ambiental y agrícola. El Estado podría
hacer uso, una vez más, no solo de la fuerza, sino de mecanismos de coerción a
través del aparato judicial, promoviendo denuncias por corrupción u otros,
dirigidas contras las autoridades con el fin de anular la postura
confrontacional de los alcaldes y dirigentes. Pero, como se ha podido ver, esto
no soluciona el problema de fondo.
Por otra parte, es harto conocido, el
conflicto existente a raíz del proyecto minero las Bambas, en Apurímac. Según
todos los cálculos, es el proyecto más grande que se pretende ejecutar y que no
se concretó en años anteriores gracias a la férrea resistencia de los
pobladores de la zona durante todo el 2004.
Ha trascendido que el paro suspendido
por la comunidad exigiendo la salida de la empresa volverá a convocarse en los
próximos días.
Los conflictos se extienden por Cusco con
el proyecto minero Constancia, Puno, Ancash, Junín y otras zonas del país.
Sin embargo, conociendo la
lógica del comportamiento gubernamental, que insiste en actuar como bombero, la
posibilidad de evitar los conflictos se hace cada vez más difícil. Aun así, es
decir, aun cuando se logre evitar estas confrontaciones, si no se ajusta
seriamente la política de extracción de recursos naturales al margen de los
intereses nacionales, los conflictos irán y volverán una y otra vez.
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