Debe renunciar!

Labor de Procurador Cristian Loayza es un fracaso, asegura Alfonso Carrillo Flores. Mientras tanto más del 63% de huamanguinos desaprueban gestión de Procuraduría anticorrupción.

“El sistema anticorrupción ha fracasado en Ayacucho”, así de fuerte y claro fue Alfonso Carrillo Flores, ex Fiscal provincial y ex funcionario del Gobierno Regional de Ayacucho, quien responsabilizó de este fracaso al Procurador Anticorrupción, Cristian Loayza.

Carrillo Flores asegura que el actual Procurador Anticorrupción fue el primero en admitir este fracaso al señalar a un medio local que, de mil casos por corrupción, solo cuatro habrían terminado en sentencia. Es más –comenta el jurista– los casos resueltos y que ya cuentan con sanción penal son hechos irrelevantes, menores, casi domésticos, pues involucran a funcionarios y trabajadores que serían responsables de la pérdida de bolsas de arroz, de haber recibido 300 soles y otros asuntos similares.

El ex Fiscal y ex funcionario regional –quien salió a la luz pública recientemente al denunciar al actual gerente del Gobierno Regional de Ayacucho Alejandro Córdova por haberse comprado una vivienda en forma sospechosa luego de concretarse los arreglos de una negociación con la empresa Bertolero por 16 millones de nuevos soles– aseguró que el Procurador Loayza no puede salvar su responsabilidad en el fracaso del sistema anticorrupción atribuyendo sus errores a los fiscales y jueces.

“De acuerdo a la ley del sistema judicial, él (Procurador) no solamente está en esa formalidad de presentar escritos, o sea, reproducir simplemente lo que ya está escrito en la computadora… ese esquema a todos los juicios los pone. Pero, que yo sepa, el procurador nunca ha hecho una investigación que implica recabar información, recabar documentos, pedir una serie de trámites, procesar y formalizar una denuncia ante la fiscalía”, precisa Carrillo.

En efecto, en distintas entrevistas que ofrece a medios locales, el Procurador Cristian Loayza confirma que tiene atribuciones para “acceder a información privilegiada y de fuentes primarias”. Sin embargo, su iniciativa alcanzaría solo a reproducir escritos que aparentemente se encuentran en una plantilla digital, lo que pone en evidencia su impericia o el ánimo por afectar la lucha contra la corrupción en Ayacucho.

Si lo primero es el problema, Loayza se habría inclinado por sumarse a las denuncias que la Fiscalía corporativa anticorrupción viene haciendo en lugar de actuar con iniciativa. Sus escritos, a decir de su colega Alfonso Carrillo y de otros abogados, son parte del formalismo burocrático al que ha comenzado a acostumbrarnos el actual defensor de los intereses del Estado en Ayacucho. Su conducta profesional expone ribetes de negligencia que Con Sentido denunció en anteriores ediciones.

Carrillo Flores asegura que el Estado ha invertido mucho dinero en el procurador y en implementar sus actividades en Ayacucho, pero los resultados son solo cuatro sentencias de 1003 casos en giro.

“Si queremos hacer una lucha efectiva contra la corrupción, tenemos que tener profesionales que sean competentes, capaces y, sobre todo, que estén identificados con ese tema de la lucha contra la corrupción, (en caso contrario) nos quedamos sentados en una oficina, somos parte de la burocracia, cumplimos por cumplir el trabajo, nunca vamos a avanzar, por eso tenemos cuatro casos sentenciados”, comenta el ex Fiscal Alfonso Carrillo.

Población percibe fracaso

Un estudio realizado recientemente por encargo de esta Revista, advierte una opinión parecida en la población ayacuchana. El 63,8% de pobladores de la zona urbana de Huamanga, donde residen más de 154 mil habitantes mayores de 18 años de edad, califica de mala y muy mala la gestión de la Procuraduría Anticorrupción, contra apenas un 11,3% que aprueba el trabajo de Loayza en su condición de defensor de los intereses del Estado.

Este dato simplemente corrobora las apreciaciones de varios juristas que, como Carrillo Flores, expresan cierta frustración en el trabajo del abogado Loayza.

En espera pronunciamiento de abogados

Entre tanto, el pedido de la renuncia de Cristian Loayza, presentado por el abogado Alfonso Carrillo Flores, se encuentra en el Colegio de Abogados de Ayacucho, donde se espera un pronunciamiento colegiado que exija al Ministerio de Justicia, portafolio del cual dependen las procuradurías, la remoción del funcionario de confianza. El actual decano del Colegio de Abogados, Víctor Oriundo aseguró que el pedido de Carrillo será visto en una próxima sesión del Consejo Directivo. “Es posible que después de eso, pase a una comisión con la finalidad de evaluar con seriedad el pedido”, comentó el decano de los abogados.

El problema estructural

Pero más allá de la incompetencia profesional de ciertos funcionarios dedicados a este asunto, subsiste un tema de fondo que nos lo comenta extraoficialmente un magistrado ayacuchano, cuya mirada trasciende lo jurídico.

Según el comentario de este juez, la responsabilidad no solo es individual o profesional. El problema se ubica en el nivel político. Su administración –dice el magistrado–, lejos de haber sido gradual (Se refiere al nuevo código penal), se aplicó de golpe, pues recibió el sospechoso impulso del régimen aprista en cuyo gobierno, hacia el final del segundo mandato (En junio de 2011), se aprobó el documento normativo.

Era obvio que el modelo anticorrupción no tendría los resultados esperados debido a múltiples limitaciones y falencias clamorosas –como aquellas que llevó al Poder Judicial a declarar en emergencia su infraestructura inmobiliaria–, pero que, a la larga, esto servirá de excusa para sostener la idea de que no hay forma de vencer a la corrupción y que “la única salida” es convivir con ella. Si este ejemplar modelo aplicado en Europa ha fracasado, no habría otra salida, será –qué duda cabe– el argumento aprista y de ciertos sectores políticos que han dedicado tiempo y esfuerzo a saquear las arcas del estado dejando a salvo el nada virtuoso lema: “la plata cae sola”. Es decir, habrían abortado un modelo que en condiciones más adecuadas podría haber tenido mejores resultados.

Pero el problema de la corrupción debe ser entendida no como una causa sino como una consecuencia del estado en que se encuentra la sociedad peruana. Su deterioro ha llevado a extender la corrupción a todos los espacios. Rasgarse las vestiduras a estas alturas, solo puede significar una sola cosa: oportunismo o hipocresía.