martes, 16 de abril de 2013


¿PROCURADOR ‘PEGAMUJERES’?
Necías E. Taquiri Y.
El abogado Cristian Loayza, Procurador Anticorrupción de Ayacucho, se despachó contra Carlos Infante y el suscrito, manifestando que ‘porque estamos siendo investigados’ por un supuesto delito de corrupción, habíamos hecho escarnio de su traslúcido comportamiento funcionarial, al informar que había lanzado nada menos que a su enamorada, desde un vehículo en movimiento, según  “Correo” y “Jornada”.
Qué gracioso el Procurador, y qué acomodaticios y parcializados sus entrevistadores, quienes en lugar de increparle sobre la gravedad de la denuncia (interpuesta ante la Policía, atestiguada por un sereno y conocida por un Fiscal), desviaron el asunto hacia nuestro proceso, que será menester explicarlo en otra ocasión, porque tenemos la seguridad de no haber cometido ningún delito, mucho menos de corrupción, que además no tiene ninguna relación con el atentado del Procurador contra su novia o enamorada, a menos que sostenga que ‘nosotros le hayamos dicho que golpee a su mujer o la empuje del carro en movimiento’.
En cuanto a las declaraciones de Alfonso Carrillo, acusándolo de fracasado como Procurador (4 casos resueltos y más de mil en salmuera), tras haber solicitado al Colegio de Abogados por escrito, para que le insten a renunciar al cargo, ¿qué sentido tenía haberlo mencionado en esos momentos?, cuando el centro del cuestionamiento era él, Loayza, por su comportamiento vergonzoso, y no su relación conflictiva con el ex Fiscal.
En cuanto al hecho posible de que se vaya del cargo, por estos escándalos,  o que se quede para siempre, si así lo consideran los decisores, nos importa un pepino. Su actuación no trasciende, no suena ni truena. ¿No dicen que los corruptos están felices con su inoperancia?
Lo que sí importaba periodísticamente durante la semana, es que el Procurador se haya convertido en un virtual ‘pegamujeres’, o que siendo lo que es en el fuero correspondiente, en su vida privada vaya definiendo sus diferencias con su enamorada a punta de puñetazos, empujones u otros métodos machistas en tiempos de equidad de ‘género’. Que el perro muerda al hombre no es novedad, pero si es el hombre quien muerde al perro, es otra cosa. Loayza sale de lo común, no porque sea un hombre que golpea a su mujer, sino porque acaso sea el único Procurador del Perú que golpea a su enamorada.
Por estas razones es que decimos: ¡al diablo con esa desviada justificación expresada en la frase: ‘a los corruptos –este hecho violento- les ha caído como anillo al dedo, para sacarlo del cargo’ (o cosas por el estilo). ¿Sacarlo del cargo? ¿Para qué, si por lo visto es un inútil?
En fin, cada cosa en su sitio y cada loco con su tema. No nos incluya el Procurado en sus problemas de faldas; y sus amigotes (tan cuestionadores que eran sobre la violencia que padecen las mujeres en general), no se salgan por la tangente y tomen posición sobre el trato digno que ellas se merecen. Y, al margen de que lo hayan denunciado la madre, la tía o la abuela de la enamorada agraviada, que por algo habrá sido, y no obstante haberse retractado el o la denunciante, o la agraviada lo haya ‘limpiado’ de culpas (su conciencia sabrá por qué), provoca indignación que este señor que más parece trabajar en la radio de la competencia, haya tomado la denuncia por las ramas (lo mismo que sus asesores-entrevistadores), y no haya demostrado que tiene pantalones para reconocer su error, pedir disculpas a su pareja y a las mujeres, y –ahí sí-, si fuera coherente con el moralismo que difunde, renuncie, antes de estar soltando sandeces, como que quieren sacarlo de la Procuraduría, porque enjuició a Carrillo o alimenta ante el Juez ‘nuestra sanción’ por delitos que no cometimos y lo vamos a demostrar en la instancia que sea.
Yo, personalmente, jamás golpearía a mi esposa, enamorada o compañera sentimental, porque tengo conciencia de que provengo de una mujer, mi madre; tengo hijas adorables, hermanas, nietas, y no quisiera para ellas ningún agravio, lo mismo que no los quiero para mi pareja. Esa es la coherencia que exigimos a todos los varones, tras celebrar el Día de La Madre, el Día internacional de la mujer, el Día de la No violencia contra la Mujer, etc., con hermosas poesías, ramilletes de rosas, platos especiales compartidos.  Lo otro es caer en cantinfladas o, como Tarzán, irse por las ramas.

viernes, 12 de abril de 2013

Debe renunciar!


Labor de Procurador Cristian Loayza es un fracaso, asegura Alfonso Carrillo Flores. Mientras tanto más del 63% de huamanguinos desaprueban gestión de Procuraduría anticorrupción.

“El sistema anticorrupción ha fracasado en Ayacucho”, así de fuerte y claro fue Alfonso Carrillo Flores, ex Fiscal provincial y ex funcionario del Gobierno Regional de Ayacucho, quien responsabilizó de este fracaso al Procurador Anticorrupción, Cristian Loayza.
Carrillo Flores asegura que el actual Procurador Anticorrupción fue el primero en admitir este fracaso al señalar a un medio local que, de mil casos por corrupción, solo cuatro habrían terminado en sentencia. Es más –comenta el jurista– los casos resueltos y que ya cuentan con sanción penal son hechos irrelevantes, menores, casi domésticos, pues involucran a funcionarios y trabajadores que serían responsables de la pérdida de bolsas de arroz, de haber recibido 300 soles y otros asuntos similares.
El ex Fiscal y ex funcionario regional –quien salió a la luz pública recientemente al denunciar al actual gerente del Gobierno Regional de Ayacucho Alejandro Córdova por haberse comprado una vivienda en forma sospechosa luego de concretarse los arreglos de una negociación con la empresa Bertolero por 16 millones de nuevos soles– aseguró que el Procurador Loayza no puede salvar su responsabilidad en el fracaso del sistema anticorrupción atribuyendo sus errores a los fiscales y jueces.
“De acuerdo a la ley del sistema judicial, él (Procurador) no solamente está en esa formalidad de presentar escritos, o sea, reproducir simplemente lo que ya está escrito en la computadora… ese esquema a todos los juicios los pone. Pero, que yo sepa, el procurador nunca ha hecho una investigación que implica recabar información, recabar documentos, pedir una serie de trámites, procesar y formalizar una denuncia ante la fiscalía”, precisa Carrillo.
En efecto, en distintas entrevistas que ofrece a medios locales, el Procurador Cristian Loayza confirma que tiene atribuciones para “acceder a información privilegiada y de fuentes primarias”. Sin embargo, su iniciativa alcanzaría solo a reproducir escritos que aparentemente se encuentran en una plantilla digital, lo que pone en evidencia su impericia o el ánimo por afectar la lucha contra la corrupción en Ayacucho.
Si lo primero es el problema, Loayza se habría inclinado por sumarse a las denuncias que la Fiscalía corporativa anticorrupción viene haciendo en lugar de actuar con iniciativa. Sus escritos, a decir de su colega Alfonso Carrillo y de otros abogados, son parte del formalismo burocrático al que ha comenzado a acostumbrarnos el actual defensor de los intereses del Estado en Ayacucho. Su conducta profesional expone ribetes de negligencia que Con Sentido denunció en anteriores ediciones.
Carrillo Flores asegura que el Estado ha invertido mucho dinero en el procurador y en implementar sus actividades en Ayacucho, pero los resultados son solo cuatro sentencias de 1003 casos en giro.
“Si queremos hacer una lucha efectiva contra la corrupción, tenemos que tener profesionales que sean competentes, capaces y, sobre todo, que estén identificados con ese tema de la lucha contra la corrupción, (en caso contrario) nos quedamos sentados en una oficina, somos parte de la burocracia, cumplimos por cumplir el trabajo, nunca vamos a avanzar, por eso tenemos cuatro casos sentenciados”, comenta el ex Fiscal Alfonso Carrillo.
Población percibe fracaso

Un estudio realizado recientemente por encargo de esta Revista, advierte una opinión parecida en la población ayacuchana. El 63,8% de pobladores de la zona urbana de Huamanga, donde residen más de 154 mil habitantes mayores de 18 años de edad, califica de mala y muy mala la gestión de la Procuraduría Anticorrupción, contra apenas un 11,3% que aprueba el trabajo de Loayza en su condición de defensor de los intereses del Estado.
Este dato simplemente corrobora las apreciaciones de varios juristas que, como Carrillo Flores, expresan cierta frustración en el trabajo del abogado Loayza.

En espera pronunciamiento de abogados
Entre tanto, el pedido de la renuncia de Cristian Loayza, presentado por el abogado Alfonso Carrillo Flores, se encuentra en el Colegio de Abogados de Ayacucho, donde se espera un pronunciamiento colegiado que exija al Ministerio de Justicia, portafolio del cual dependen las procuradurías, la remoción del funcionario de confianza. El actual decano del Colegio de Abogados, Víctor Oriundo aseguró que el pedido de Carrillo será visto en una próxima sesión del Consejo Directivo. “Es posible que después de eso, pase a una comisión con la finalidad de evaluar con seriedad el pedido”, comentó el decano de los abogados.

El problema estructural
Pero más allá de la incompetencia profesional de ciertos funcionarios dedicados a este asunto, subsiste un tema de fondo que nos lo comenta extraoficialmente un magistrado ayacuchano, cuya mirada trasciende lo jurídico.
Según el comentario de este juez, la responsabilidad no solo es individual o profesional. El problema se ubica en el nivel político. Su administración –dice el magistrado–, lejos de haber sido gradual (Se refiere al nuevo código penal), se aplicó de golpe, pues recibió el sospechoso impulso del régimen aprista en cuyo gobierno, hacia el final del segundo mandato (En junio de 2011), se aprobó el documento normativo.
Era obvio que el modelo anticorrupción no tendría los resultados esperados debido a múltiples limitaciones y falencias clamorosas –como aquellas que llevó al Poder Judicial a declarar en emergencia su infraestructura inmobiliaria–, pero que, a la larga, esto servirá de excusa para sostener la idea de que no hay forma de vencer a la corrupción y que “la única salida” es convivir con ella. Si este ejemplar modelo aplicado en Europa ha fracasado, no habría otra salida, será –qué duda cabe– el argumento aprista y de ciertos sectores políticos que han dedicado tiempo y esfuerzo a saquear las arcas del estado dejando a salvo el nada virtuoso lema: “la plata cae sola”. Es decir, habrían abortado un modelo que en condiciones más adecuadas podría haber tenido mejores resultados.
Pero el problema de la corrupción debe ser entendida no como una causa sino como una consecuencia del estado en que se encuentra la sociedad peruana. Su deterioro ha llevado a extender la corrupción a todos los espacios. Rasgarse las vestiduras a estas alturas, solo puede significar una sola cosa: oportunismo o hipocresía.

miércoles, 10 de abril de 2013

Cuando el poder y el dinero ensucia a una cooperativa...


Directivos
Sin crédito


La popular frase “no es amor al chancho sino a los chicharrones” parece dibujar las reales intenciones de los dirigentes de las cooperativas ayacuchanas. Y si algunos de ellos han sido objeto de denuncias por sus malas artes, la Santa María Magdalena podría calificar como el manantial de este tipo de directivos que se benefician con préstamos fabulosos, a sola firma y en un plazo que no superan muchas veces el chasquido de los dedos.

Las explosivas declaraciones de Roque Montero Huamaní –presidente en dos ocasiones e innumerables veces delegado de la Cooperativa Santa María Magdalena– y que tienen como blanco al actual hombre fuerte de dicha entidad crediticia, Luis Cama Godoy, a quien acusa de estar detrás de su separación de la Cooperativa, dan fe no solo de este nada secreto privilegio del que gozan sus directivos, sino, también, de operaciones y transacciones sospechosas que comprometen la adquisición de inmuebles, bienes y servicios.
Pero nada de esto hubiera salido a la luz, de no haberse quebrado la relación entre Roque Montero Huamaní y Luis Cama Godoy, quienes desde el año 2001 comenzaron a ganar espacios en la Cooperativa y a controlar una de las entidades de mayor volumen de socios en la región de Ayacucho y cuyo capital supera los 300 millones de nuevos soles en activos.
Según propia confesión –versión que ratifica el abogado Cama Godoy–, Montero Huamaní recibió una serie de créditos por cantidades considerables que, sumadas todas ellas, superan e1 millón 110 mil nuevos soles. Dichos créditos –el más fuerte de ellos a favor de una de sus empresas: Transportes y Turismo Divino Niño Jesús por 180 mil dólares– aparentemente habrían sido asignados a favor de varias de sus empresas.
Nada de esto sería un problema, si no se tratara de un directivo y si los préstamos hubieran seguido los procedimientos establecidos. Pero, según precisa el propio Montero, gran parte de estos créditos no dispondrían de garantía real (aunque sí de aval en algunos casos), habrían sido hechos a sola firma y, lo que es peor, en un solo día.
Montero Huamaní no habría lanzado la primera piedra si no supiera que estas denuncias comprometen directa o indirectamente a Luis Cama Godoy. Asegura que muchos de los préstamos de menor y mayor cuantía tuvieron que pasar por las manos del gerente general, lo que indica –según Montero– que Cama sabía el destino que tendría cada crédito.
Y es que, según el ex directivo, todos los préstamos fueron destinados a cubrir deudas de las empresas en donde ambos eran (son) socios. Este es el caso de la Empresa de Transporte Divino Señor.
Montero no quiso abundar en el tema de otra empresa, una emisora radial que fue comprada a nombre del hermano del actual gerente general de la Cooperativa, pero dejó entrever que también allí se produjo algo parecido.
La respuesta de Cama Godoy ante este hecho fue categórica. Asegura que Montero tendría que probar sus afirmaciones, sin embargo admite que mantiene una sociedad con éste y con otros dos trabajadores de la Cooperativa Santa María Magdalena (Carlos Pozo y Renán Ramírez), con quienes adquirieron la empresa Turismo Divino Señor S.A.C. La distribución de las acciones, señala Cama, fueron en partes iguales, pero a raíz de algunos problemas económicos (aparentemente una deuda que bordea el millón de dólares), se produjo la separación de los socios en medio de un acuerdo que terminó por distribuir la flota de vehículos entre cada uno de ellos.
Cama Godoy tampoco niega haberse beneficiado con préstamos de la Cooperativa. Su propia Empresa de Transportes y Servicios Turísticos Generales Don Sebas S.A.C. –la misma que cuenta con varias unidades de la marca Scania y de Mercedes Benz valorizadas desde 360 a 400 mil dólares aproximadamente– y cuya gerente general es su esposa, obtuvo préstamos importantes de la Cooperativa Santa María Magdalena y de otras entidades financieras. Pero a decir del gerente general, esto no ha sido irregular.

La millonaria compra de un terreno en Huanta

La otra denuncia de Montero Huamaní –de quien Cama Godoy señala que no tiene ninguna autoridad moral– advierte indicios de una posible irregularidad. Señala que el proceso de adquisición de dos terrenos de 1.4 ha en total, ubicado en el sector Esmeralda, predio rural Huasi Punco de la provincia de Huanta, habría sido sobrevaluado en perjuicio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, que pagó la suma de 1 millón 282 mil 680 nuevos soles a pesar que ambos terrenos tenían como precio de compra 218,180 nuevos soles.
Según la partida N° 11009765 de Registros Públicos, Daniss Susana Sánchez López, la propietaria inicial, vendió el 02 de setiembre de 2011 uno de los dos terrenos (actualmente de la Cooperativa) a Olivia Josefa Palomino Quicaño por la suma de 143,180 nuevos soles. Lo curioso del hecho, según Montero, es que Olivia Palomino (Trabajadora de Foncodes), para pagar el costo de este terreno y del otro predio perteneciente a Máximo Sánchez, no solo habría solicitado un crédito de la Cooperativa por la suma de 390 mil soles, sino que hipotecó ambas propiedades a favor de la entidad crediticia hasta por un valor de 210 mil dólares americanos. Así indica la misma partida presentada a Registros Públicos a la misma hora y en el mismo día de la compra inicial.
La hipoteca, según la partida registral, fue levantada, una de ellas, en diciembre de ese año y, la otra, en enero de 2012. Montero se pregunta: habría que ver cómo en solo cuatro meses, una trabajadora de Foncodes que gana 4,500 soles, logró cancelar una deuda de 390 mil soles.
El 8 de febrero de 2012, cinco meses después de que se produjera la compra venta mencionada, los directivos de la Cooperativa Santa María Magdalena deciden adquirir ambos lotes a un monto de 423,600 y 859,080 nuevos soles, respectivamente, haciendo un total de S/. 1’282,680.
La pregunta sería ¿por qué pagar una suma muchísimo mayor –seis veces más– de su costo inicial?
Luis Cama Godoy ensaya una respuesta. Indica que la razón por la que se pagó esta cifra es porque dos especialistas contratados por la Entidad valorizaron el predio en una suma, inclusive, mucho mayor del costo planteado por la señora Olivia Palomino. Asegura que en este proceso no hubo irregularidades y que contó con los estudios correspondientes. El terreno, agrega el gerente general de la Santa María, será destinado a un complejo habitacional cuyo proyecto ha sido aprobado en Asamblea.
De cualquier forma, la denuncia de Montero Huamaní, beneficiario de onerosos créditos, sugiere una investigación que vaya más allá de las cotidianas auditorías, donde los investigados no sean juez y parte, y donde la voluntad de servir devuelva algo vital para la subsistencia de una entidad financiera: la confianza.