Debate constitucional
RETORNO, MANTENIMIENTO O PROGRESO
EL RÉGIMEN ECONÓMICO COMO MEOLLO
Escribe: Víctor Sulca
Por razones distintas e intereses políticos diversos, cada cierto tiempo, surgen posiciones en debate para regresar a la constitución del 79 o mantener la vigente del 93. Unas y otras sostienen que son necesarias solo reformas previas. Sus argumentos, más que jurídicos o sociales, son de carácter retórico. Más que políticos son técnicos. Y eso que estamos hablando de un documento que es a todas luces –guste o no– Político. Escasea la solidez de fundamento. Quizá sea porque el mundo ha entrado en depresión, hay también en algunos depresión de las ideas.
En nuestro país han desfilado nada menos que 12 Cartas Constitucionales. Incluida la actual de génesis de facto, y en lapsos de 12 a 13 años, como promedio. La del 93 lleva ya 18 años, es abierta y desenfrenadamente neoliberal.
La que más duró fue la de 1860, con una breve alternancia de la del 1867. Constituciones liberales durante el siglo XIX fueron las de 1823, 1828, 1834, 1856 y 1867. La única Constitución salida de una Asamblea Constituyente fue la de 1979.
Constituciones que implicaron una Reestructuración del Estado han sido cuatro, una de ellas la de 1993.
Los “retornistas” sostienen que es la Carta Constitucionalmente “pura”, “legítima en sus orígenes” y la otra es “espuria, hecha en función de la reelección”, “promulgada por un dictador”.
Los “vigentistas”, por su parte, dicen que la del 93 está “acorde a lo nuevo”, “más democrática”; y que la del 79 “está desfasada”, “traería inestabilidad jurídica y económica porque espantaría a los inversionistas”.
Bien se ha dicho por la palabra de la historia –que también opina en este como en otros casos, aunque haya quienes adrede la ninguneen–, que una Constitución no es sino la plasmación en blanco y negro de los intereses de las clases dominantes. Ni más, ni menos.
Ambas están desfasadas de la realidad, no obedecen a los nuevos cambios en el escenario nacional e internacional, ni en lo económico, ni en lo político. Y, lo que es principal: ninguna representan los intereses de las inmensas mayorías. Seguramente por eso, apenas el 11% se muestra a favor del retorno de la Constitución del 79, y el 66% no se siente representado por la del 93.
ORIGEN Y PROCESO DE LA CONSTITUCIÓN
Una constitución no es solo una “ley de leyes”, sino un contrato social, un acuerdo económico-político de una nación en un contexto determinado de su historia. Nuestro drama, en todo caso, es que no somos una Nación, sino una en formación. Constituye el compromiso que realiza un grupo social –el dominante principalmente– para decidir cómo y hacia dónde vamos. La Constitución es un proyecto nacional de bien común, en el buen y romántico sentido.
Sin lugar a duda, el más complejo sistema es el Sistema de Organización Constitucional, sin que ello implique olvidar su carácter de clase que de hecho tiene y está impregnada, teñida en forma y en esencia.
Pero es cierto, también, que darle contenido y forma requirió tiempo y principalmente lucha. Nada extraño resulta que hoy también se requiere de ese vital elemento para que una Nueva Constitución registre los Derechos, beneficios, Conquistas y Libertades Democráticas de los de abajo, de las inmensas mayorías, del Pueblo. La oposición a esto viene, precisamente, de quienes representan los intereses de los grupos de poder, de los de arriba.
El proceso revolucionario del siglo XVII se selló con La Revolución Inglesa de 1688. La alianza “nobleza – burguesía” determinó un cambio institucional incruento.
Las Colonias Inglesas Norteamericanas, más o menos por la segunda mitad del siglo XVIII, empezaron el despliegue de su situación económica. Constituyeron los hitos más importantes en la formación del Constitucionalismo Clásico y Demo Liberal. Sus principios fundamentales fueron aplicados durante los siglos XVIII – XIX y, en la primera mitad del siglo XX, entra en crisis. De todo eso están impregnadas las Constituciones de la república del siglo XIX.
La Revolución Rusa da origen al nacimiento del constitucionalismo Socialista, que implica resolver los conflictos sociales desde el Estado. Estos elementales principios se extendieron por gran parte de Asia, Europa Oriental y América Latina.
De la pugna de estas dos Constituciones salió un sistema intermedio: El Constitucionalismo Social, que reconoce al ser humano derechos sociales, económicos y culturales de esencia socialista.
Puso sus raíces por la segunda mitad del siglo XX. Con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la unión soviética entra en revisión el fundamentalismo liberal para imponer un capitalismo denominado “salvaje”.
Ese proceso introduce niveles de integración. Una política económica de libre mercado es parte de ese desenvolvimiento. Se eliminan entre los países las restricciones al movimiento no solo de bienes y servicios, sino también de los factores de producción.
Eso lleva a los poderosos a enriquecerse más a costa del hambre, la desocupación y la miseria de los marginados por causales económicas, sociales, raciales y culturales.
La situación se agudiza y profundiza con el escenario de la globalización, que no es sino mayor explotación y profundización de la contradicción: de un lado socialización de la producción y de otro mayor concentración de esa ingente riqueza en cada vez menos manos, en un puñado.
El Constitucionalismo toma un nuevo contenido producto de la necesidad de actualizar sus fundamentos para responder a los nuevos retos del tercer milenio. En síntesis, nace el Constitucionalismo de los denominados Derechos Humanos, que pone al hombre en el centro del ordenamiento jurídico-político de los estados.
“NUEVOS CONTRATOS SOCIALES”
En las últimas décadas, en diversos países se han dado nuevas constituciones con este carácter. Los textos traducen un conjunto de buenas intenciones, pero en el fondo no son más que cinismo y tráfico.
Lo cierto es que para la propia sociedad peruana en su conjunto se requiere una Nueva Constitución. El primer ministro, Salomón Lerner, así lo dejó entrever en su exposición del 25 de agosto en el Congreso. “Debiéramos ir pensando en una Constitución para el Bicentenario de la República”, dijo.
Nada menos que el propio presidente de la república, Ollanta Humala Tasso, viene insistiendo en la necesidad de una Democracia basada en las instituciones, no en los individuos, sino en la participación y atención de las inmensas mayorías.
“Unos tienen la capacidad de hacer leyes, otros tienen la capacidad de hacer movilizaciones”, remarca una y otra vez. Lo que quieren los pobres es que sus derechos se registren, en blanco y negro, en una Nueva Constitución.
