INTERVENTORES

Cobran, viajan, comen, duermen y viven a costa de la UNSCH

Doce mil soles es la remuneración mensual de los interventores. Viajan con viáticos semanalmente en avión hasta sus ciudades de origen, comen mañana, tarde y noche, y duermen en Los Álamos, todo esto, a costa de los exiguos recursos de la UNSCH.

El Congresista Daniel Mora los llama ilegales, pero, según propia confesión, pretenden quedarse en la UNSCH durante más tiempo, gracias a la complicidad de algunos dirigentes gremiales.

Fiscalía Anticorrupción los investigan por Aceptación ilegal para cargo público, concusión, cobro indebido, peculado de uso, malversación de fondos y abuso de autoridad.

Una extraña sensación de indiferencia se vive en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, tras su intervención en julio pasado a cargo de tres personas nombradas por un organismo que a la fecha ya no existe más: la ANR. Esta indiferencia de docentes, estudiantes y servidores administrativos, tal vez, sea la que explique la irreverente actitud de sus interventores al hacer uso y (aparentemente) abuso de los exiguos recursos de la segunda Universidad más antigua del Perú.

Según la denuncia penal presentada por un grupo de docentes de esta casa de estudios, los miembros de la Comisión Interventora denominada de “Orden y Gestión” e integrada por Alfredo Quinteros García, Eulogio Pisfil Chavesta y José Ruiz Tejada, habrían convertido a la UNSCH en una especie de beneficencia a favor suyo, ya que, por propia decisión, se habrían hecho pagos con fondos de la propia Universidad, para cubrir los gastos de hospedaje, alimentación, viáticos, remuneraciones, gastos de servicio, apoyo económico, etc.

La denuncia realizada por José Canzio, Tiburcio Reynoso, Aurelio Elorrieta, Digno Cerda y Manuel Avilés, actualmente, admitida por la Fiscalía Provincial Corporativa en delitos de corrupción de funcionarios, parece tener sustento, ya que, confrontando la información con los datos que obran en la oficina de administración de la Universidad, se tiene que, en total, los interventores cobraron 180 mil soles en tan solo cinco meses en la UNSCH por concepto de remuneración a razón de 12 mil soles mensuales para cada uno.

A este ingreso se debe sumar los que estarían recibiendo en sus propias universidades de origen, y de aquellas en las que estuvieron como interventores, reza la denuncia. Esto significa que los interventores se habrían dado maña para implementar algún procedimiento administrativo en las otras universidades y seguir percibiendo remuneraciones del Estado.

Todos registran abonos por concepto de viajes y viáticos por una suma aproximada de 25 mil nuevos soles, de los cuales solo el presidente de esta Comisión, Alfredo Quinteros, habría recibido en viáticos la suma de 16 mil soles, por concepto de viajes a Lima y Trujillo..

Con relación a los pasajes aéreos, en el sistema contable se tiene registrado alrededor de 7,800 nuevos soles en gastos de viaje por avión a través de empresas como Willy Tours y Fly Travel, concesionarios de pasajes aéreos.

Pero los gastos van más allá de esto. La información contable registra también gastos de alojamiento y alimentación, los mismos que bordean los 8 mil nuevos soles. Sin embargo, el propietario de Los Álamos, precisa que esta suma corresponde a pagos retrasados donde se mezclan gastos de la gestión anterior y de esta última, y que la cifra sería mucho mayor.

Según se pudo conocer, a raíz de la denuncia de los profesores citados, Quinteros, Pisfil y Ruiz tuvieron que aceptar instalarse en el alojamiento de la Universidad ubicado en la esquina de 28 de julio y la Plaza Mayor.

Pero la denuncia no termina ahí.

Se les atribuye, asimismo, el uso de los vehículos de la institución para propósitos particulares. El Memorando N° 269-2014-OAC-OGA-UNSCH, consigna presuntas irregularidades en uno de los tantos viajes en comisión de servicios realizado por dos de los interventores.

Según el documento, Alfredo Quinteros García en su viaje al Vraem realizado el 22 de julio del año en curso,  habría autorizado el uso de 35 galones de combustible. Los conductores que cubren esa ruta señalan que, generalmente, no se requiere más de 18 galones. Lo curioso es que, luego de haber llegado al Vraem (San Francisco), al día siguiente, Quinteros habría autorizado otros 35 galones para desplazarse del citado lugar a la zona de Pichari, ubicado a 20 minutos de San Francisco y a donde no se requiere más de un galón para trasladarse. ¿Qué hizo con los 50 galones que sobraron? Esa es la pregunta que intentará resolver la Fiscalía en delitos de corrupción.

Los viajes del mandamás

Según el comentario de los trabajadores administrativos, Eulogio Pisfil Chávesta es el que realmente tiene el control de la Universidad de Huamanga. Su palabra es ley, aseguran cercanos colaboradores. A pesar de estar encargado de los asuntos académicos, Pisfil Chavesta se da tiempo para ampliar sus funciones a temas administrativos y económicos, y lo hace como un verdadero capataz, aseguran los servidores administrativos de áreas vinculadas al control de los recursos económicos de la UNSCH.

Sobre el indicado personaje, la denuncia precisa lo siguiente: En “el caso del otro denunciado Eulogio Pisfil Chavesta, quien con fecha 13 de agosto de 2014 haciendo uso de la camioneta de la universidad viajó a la ciudad de Ica con un gasto de combustible de 15 galones, y estando en la misma ciudad, el día siguiente 14 de agosto, también tuvo un gasto de 15 galones de combustible. Asimismo, del mismo informe se tiene que, los denunciados han realizado distintos requerimientos de combustible con la única explicación de que dichos viajes se realizaban por servicio oficial (a las localidades de) Arizona, Maynay, Quinua”. Pero cada viaje implica, como se aprecia del informe de administración, la concesión de viáticos y otros gastos para el mantenimiento, repuestos, etc.

¿Qué hacía Pisfil Chavesta en comisión de servicio oficial en Arizona, Maynay, Quinua, lugares donde la UNSCH no tiene una sede? Es otra interrogante que la Fiscalía tendrá que resolver.

Congresista los califica de ilegales

Pero los gastos que realizan no es el único problema. Su propia instalación fue ilegal según precisa el oficio N° 1796-2013-2014-CEDJD/CR. dirigida al Ministro de Educación y firmada por el Congresista Daniel Mora Zevallos, presidente de la Comisión de Educación del Congreso de la República y autor de la nueva Ley Universitaria. En dicho oficio, Mora Zevallos cuestiona severamente el carácter legal de las comisiones interventoras constituidas por la ANR (de Ayacucho y Apurímac), ya que la octava disposición complementaria de la Nueva Ley Universitaria N° 30220, a la cual recurren los interventores para justificar su supuesta legalidad, se refiere a los órganos colegiados como el Consejo Nacional de la Magistratura y no a Universidades que gozan de autonomía y cuyas autoridades no son nombradas por terceros como sí sucede en los órganos colegiados como el caso mencionado.

Curiosamente, la instalación de los interventores en Huamanga se produjo de manera furtiva.

La tarde misma en que se aprobó la nueva Ley Universitaria, Alfredo Quinteros y Eulogio Pisfil hicieron su aparición en el rectorado y se instalaron mediante un acta antes de que se promulgara la Ley, aduciendo que con ese hecho obtendrían el derecho de conservar el cargo, porque la ley “No es retroactiva”.

Lo sorprendente de esto es que la instalación de los interventores se hizo con la bendición de algunos dirigentes de docentes, estudiantes y servidores administrativos que pretendieron validar un acto ilegítimo y, sobre todo, sellando la violación de la autonomía universitaria que fue la principal bandera de defensa de la universidad desde 1959, fecha de la reapertura.

Amenazan con quedarse

Para muchos profesores y alumnos las demoras en la instalación del Comité Electoral Universitario Transitorio y Autónomo (CEUTA) fue simplemente una maniobra. En el fondo, lo que los interventores buscaban era prolongar su instalación el mayor tiempo posible. Eso implicaría que el estatuto universitario y el futuro reglamento general y específicos no entrara en vigencia sino hasta el mes de abril o mayo del próximo año.

Pero el tiro podría salirles por la culata. Varios asambleístas han señalado su intención de aprobar sí o sí el estatuto antes del 20 de diciembre y precisar los alcances de la encargatura y elección de futuras autoridades de acuerdo a los criterios señalados por la nueva Ley Universitaria. El problema es que los interventores deben estar maquinando alguna estratagema para burlar estos plazos y evitar su reemplazo antes de la fecha prevista. Cuentan para eso con el aval de ciertos dirigentes del gremio de docentes y de estudiantes.

Ya lo advirtió Eulogio Pisfil, el que parece llevar la dirección del grupo de interventores:

“La San Cristóbal es un enfermo que está en emergencia y que, hasta el momento, no ha sido intervenido quirúrgicamente… la intervención es necesaria. Solo se ha estado tratando al enfermo con medicina casera lo que no permite su sanación, para su total recuperación. Sería necesario que la comisión tenga mayor plazo del que les dieron, ya que urge que la comisión sea la que opere y sane al enfermo llamado San Cristóbal de Huamanga”.

Por su parte, el Presidente de la Comisión interventora, Alfredo Quinteros, al ser consultado sobre la posibildad de su permanencia en la universidad, señaló que lo ve con optimismo ya que lo más conveniente sería entregar la universidad a las nuevas autoridades sin problemas en al parte administrativa al igual que en la académica.

Lo único que se ha observado desde que los interventores se enquistaron en los espacios de las autoridades universitarias, es que no se registran tomas de locales. Por lo demás, sigue en espera la instalación de la red informática, el gasto de todos los fondos del Focam en proyectos de investigación, la construcción del comedor universitario y de la escuela de Medicina Humana y toda la reestructuración de la Universidad de Huamanga.

Sobran comentarios.

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