Cobran, viajan, comen, duermen y viven a costa de
la UNSCH
Doce mil soles es la remuneración mensual de los
interventores. Viajan con viáticos semanalmente en avión hasta sus ciudades de
origen, comen mañana, tarde y noche, y duermen en Los Álamos, todo esto, a costa
de los exiguos recursos de la UNSCH.
El Congresista Daniel Mora los llama ilegales,
pero, según propia confesión, pretenden quedarse en la UNSCH durante más
tiempo, gracias a la complicidad de algunos dirigentes gremiales.
Fiscalía Anticorrupción los investigan por
Aceptación ilegal para cargo público, concusión, cobro indebido, peculado de
uso, malversación de fondos y abuso de autoridad.
Una
extraña sensación de indiferencia se vive en la Universidad Nacional de San
Cristóbal de Huamanga, tras su intervención en julio pasado a cargo de tres
personas nombradas por un organismo que a la fecha ya no existe más: la ANR.
Esta indiferencia de docentes, estudiantes y servidores administrativos, tal
vez, sea la que explique la irreverente actitud de sus interventores al hacer
uso y (aparentemente) abuso de los exiguos recursos de la segunda Universidad
más antigua del Perú.
Según
la denuncia penal presentada por un grupo de docentes de esta casa de estudios,
los miembros de la Comisión Interventora denominada de “Orden y Gestión” e
integrada por Alfredo Quinteros García, Eulogio Pisfil Chavesta y José Ruiz
Tejada, habrían convertido a la UNSCH en una especie de beneficencia a favor
suyo, ya que, por propia decisión, se habrían hecho pagos con fondos de la
propia Universidad, para cubrir los gastos de hospedaje, alimentación,
viáticos, remuneraciones, gastos de servicio, apoyo económico, etc.
La
denuncia realizada por José Canzio, Tiburcio Reynoso, Aurelio Elorrieta, Digno
Cerda y Manuel Avilés, actualmente, admitida por la Fiscalía Provincial
Corporativa en delitos de corrupción de funcionarios, parece tener sustento, ya
que, confrontando la información con los datos que obran en la oficina de
administración de la Universidad, se tiene que, en total, los interventores
cobraron 180 mil soles en tan solo cinco meses en la UNSCH por concepto de
remuneración a razón de 12 mil soles mensuales para cada uno.
A
este ingreso se debe sumar los que estarían recibiendo en sus propias
universidades de origen, y de aquellas en las que estuvieron como
interventores, reza la denuncia. Esto significa que los interventores se habrían dado maña para
implementar algún procedimiento administrativo en las otras universidades y seguir
percibiendo remuneraciones del Estado.
Todos
registran abonos por concepto de viajes y viáticos por una suma aproximada de 25 mil nuevos soles, de los cuales solo el presidente de esta Comisión, Alfredo Quinteros, habría recibido en viáticos la suma de 16 mil soles, por concepto de viajes a Lima y Trujillo..
Con relación a los pasajes aéreos, en el sistema contable se tiene registrado alrededor de 7,800 nuevos soles en gastos de viaje por avión a través de empresas como Willy Tours y Fly Travel, concesionarios de pasajes aéreos.
Pero los gastos van más allá de esto. La información contable registra también gastos de alojamiento y alimentación, los mismos que bordean los 8 mil nuevos soles. Sin embargo, el propietario de Los Álamos, precisa que esta suma corresponde a pagos retrasados donde se mezclan gastos de la gestión anterior y de esta última, y que la cifra sería mucho mayor.
Según
se pudo conocer, a raíz de la denuncia de los profesores citados, Quinteros,
Pisfil y Ruiz tuvieron que aceptar instalarse en el alojamiento de la
Universidad ubicado en la esquina de 28 de julio y la Plaza Mayor.
Pero
la denuncia no termina ahí.
Se
les atribuye, asimismo, el uso de los vehículos de la institución para
propósitos particulares. El Memorando N° 269-2014-OAC-OGA-UNSCH, consigna
presuntas irregularidades en uno de los tantos viajes en comisión de servicios
realizado por dos de los interventores.
Según
el documento, Alfredo Quinteros García en su viaje al Vraem realizado el 22 de
julio del año en curso, habría
autorizado el uso de 35 galones de combustible. Los conductores que cubren esa
ruta señalan que, generalmente, no se requiere más de 18 galones. Lo curioso es
que, luego de haber llegado al Vraem (San Francisco), al día siguiente,
Quinteros habría autorizado otros 35 galones para desplazarse del citado lugar
a la zona de Pichari, ubicado a 20 minutos de San Francisco y a donde no se
requiere más de un galón para trasladarse. ¿Qué hizo con los 50 galones que
sobraron? Esa es la pregunta que intentará resolver la Fiscalía en delitos de
corrupción.
Los
viajes del mandamás
Según
el comentario de los trabajadores administrativos, Eulogio Pisfil Chávesta es
el que realmente tiene el control de la Universidad de Huamanga. Su palabra es
ley, aseguran cercanos colaboradores. A pesar de estar encargado de los asuntos
académicos, Pisfil Chavesta se da tiempo para ampliar sus funciones a temas
administrativos y económicos, y lo hace como un verdadero capataz, aseguran los
servidores administrativos de áreas vinculadas al control de los recursos
económicos de la UNSCH.
Sobre
el indicado personaje, la denuncia precisa lo siguiente: En “el caso del otro
denunciado Eulogio Pisfil Chavesta, quien con fecha 13 de agosto de 2014
haciendo uso de la camioneta de la universidad viajó a la ciudad de Ica con un
gasto de combustible de 15 galones, y estando en la misma ciudad, el día
siguiente 14 de agosto, también tuvo un gasto de 15 galones de combustible.
Asimismo, del mismo informe se tiene que, los denunciados han realizado
distintos requerimientos de combustible con la única explicación de que dichos
viajes se realizaban por servicio oficial (a las localidades de) Arizona,
Maynay, Quinua”. Pero cada viaje implica, como se aprecia del informe de
administración, la concesión de viáticos y otros gastos para el mantenimiento,
repuestos, etc.
¿Qué
hacía Pisfil Chavesta en comisión de servicio oficial en Arizona, Maynay,
Quinua, lugares donde la UNSCH no tiene una sede? Es otra interrogante que la
Fiscalía tendrá que resolver.
Congresista
los califica de ilegales
Pero
los gastos que realizan no es el único problema. Su propia instalación fue
ilegal según precisa el oficio N° 1796-2013-2014-CEDJD/CR. dirigida al Ministro
de Educación y firmada por el Congresista Daniel Mora Zevallos, presidente de
la Comisión de Educación del Congreso de la República y autor de la nueva Ley Universitaria.
En dicho oficio, Mora Zevallos cuestiona severamente el carácter legal de las
comisiones interventoras constituidas por la ANR (de Ayacucho y Apurímac), ya
que la octava disposición complementaria de la Nueva Ley Universitaria N°
30220, a la cual recurren los interventores para justificar su supuesta
legalidad, se refiere a los órganos colegiados como el Consejo Nacional de la
Magistratura y no a Universidades que gozan de autonomía y cuyas autoridades no
son nombradas por terceros como sí sucede en los órganos colegiados como el
caso mencionado.
Curiosamente,
la instalación de los interventores en Huamanga se produjo de manera furtiva.
La
tarde misma en que se aprobó la nueva Ley Universitaria, Alfredo Quinteros y
Eulogio Pisfil hicieron su aparición en el rectorado y se instalaron mediante
un acta antes de que se promulgara la Ley, aduciendo que con ese hecho
obtendrían el derecho de conservar el cargo, porque la ley “No es retroactiva”.
Lo
sorprendente de esto es que la instalación de los interventores se hizo con la
bendición de algunos dirigentes de docentes, estudiantes y servidores
administrativos que pretendieron validar un acto ilegítimo y, sobre todo,
sellando la violación de la autonomía universitaria que fue la principal
bandera de defensa de la universidad desde 1959, fecha de la reapertura.
Amenazan
con quedarse
Para
muchos profesores y alumnos las demoras en la instalación del Comité Electoral
Universitario Transitorio y Autónomo (CEUTA) fue simplemente una maniobra. En
el fondo, lo que los interventores buscaban era prolongar su instalación el
mayor tiempo posible. Eso implicaría que el estatuto universitario y el futuro
reglamento general y específicos no entrara en vigencia sino hasta el mes de
abril o mayo del próximo año.
Pero
el tiro podría salirles por la culata. Varios asambleístas han señalado su
intención de aprobar sí o sí el estatuto antes del 20 de diciembre y precisar
los alcances de la encargatura y elección de futuras autoridades de acuerdo a
los criterios señalados por la nueva Ley Universitaria. El problema es que los
interventores deben estar maquinando alguna estratagema para burlar estos
plazos y evitar su reemplazo antes de la fecha prevista. Cuentan para eso con
el aval de ciertos dirigentes del gremio de docentes y de estudiantes.
Ya
lo advirtió Eulogio Pisfil, el que parece llevar la dirección del grupo de
interventores:
“La
San Cristóbal es un enfermo que está en emergencia y que, hasta el momento, no
ha sido intervenido quirúrgicamente… la intervención es necesaria. Solo se ha
estado tratando al enfermo con medicina casera lo que no permite su sanación,
para su total recuperación. Sería necesario que la comisión tenga mayor plazo
del que les dieron, ya que urge que la comisión sea la que opere y sane al
enfermo llamado San Cristóbal de Huamanga”.
Por
su parte, el Presidente de la Comisión interventora, Alfredo Quinteros, al ser
consultado sobre la posibildad de su permanencia en la universidad, señaló que lo
ve con optimismo ya que lo más conveniente sería entregar la universidad a las
nuevas autoridades sin problemas en al parte administrativa al igual que en la académica.
Lo
único que se ha observado desde que los interventores se enquistaron en los
espacios de las autoridades universitarias, es que no se registran tomas de
locales. Por lo demás, sigue en espera la instalación de la red informática, el
gasto de todos los fondos del Focam en proyectos de investigación, la
construcción del comedor universitario y de la escuela de Medicina Humana y
toda la reestructuración de la Universidad de Huamanga.
Sobran
comentarios.
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