EN CIRCULACIÓN REVISTA CON SENTIDO, EDICION SETIEMBRE DE 2012

Homenaje al inmortal Víctor Jara en la revista CON SENTIDO

CON SENTIDO EN HUANTA

HILDEBRANDO Y LUCANAMARCA

ENREDADOS: LOS RIESGOS DEL FACE BOOK

Postores estarían detrás de denuncias contra el Prider, asegura su Director.

SIGNIFICATIVA ASISTENCIA DE PADRES DE FAMILIA A FAVOR DE HUELGA DE MAESTROS

Villa Stein y un debate que trasciende lo jurídico

Nacionalistas: los grandes ausentes en el poder.

Partido de Gobierno es el gran ausente en el control del Estado en Ayacucho

Algunos temas de la edición de Agosto de 2012 en la revista CON SENTIDO

Documentos confirman que Edy Camones, dirigente del Conare Sute, tiene militancia en el partido nacionalista. Se descarta su relación con el Movadef.

Continúa la Huelga de maestros

Cientos de maestros volvieron a movilizarse por las calles de la ciudad de Ayacucho, en lo que constituye un rechazo generalizado de los huelguistas al mensaje presidencial que anuncia un aumento de remuneraciones, condicionado a la aprobación de un proyecto de ley que el Ejecutivo envió recientemente al Congreso Nacional.

Los maestros ayacuchanos, junto a miles de profesores del país que acatan una huelga desde el 20 de junio pasado, reclaman, además del aumento de las remuneraciones, el pago de la bonificación por preparación de clases que se les adeuda desde hace una década. Sin embargo, el presidente de la República, en su mensaje presidencial, no solo no mencionó este tema sino que dejó en claro que cualquier aumento salarial será en el marco de una política meritocrática.

La ministra de Educación Patricia Salas, por su parte, en declaraciones a una radio de alcance nacional, dijo que el aumento de sueldos será en base a una escala que deberá aprobarla el Congreso de la República en el marco de una nueva ley que armonice la ley del profesorado y la cuestionada ley de la carrera pública magisterial.

Los maestros en huelga anuncian que seguirán con la huelga debido a que estos anuncios no obedecen al reclamo del magisterio y que esperan la instalación de una mesa de diálogo con los representantes del sector en huelga.

NACIONAL

POLITICA

EL  EJECUTIVO  CREA  “Oficina de Diálogo Nacional”

No quiere confrontación con nadie

ü OLLANTA  HUMALA TASSO  (En Cayma, Arequipa):

“El Respeto a la Vida es Fundamental”

§   “No hay ningún ánimo ni voluntad de parte del Gobierno de confrontación o de usar la fuerza”

ü EL PREMIER JUAN JIMENEZ MAYOR  (En reunión con la C GTP):

§  “Este es el momento de construir paz y tolerancia, dejando de lado ideologías de muerte”

§  “Pongamos punto final al terrorismo” (En llamado a todos los sectores, en particular a la facción del Sutep denominada Conare)

§  “Es una metodología para evitar más derramamiento de sangre en el Perú”

El señor Ollanta Humala Tasso y su nuevo tercer presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, al parecer se pusieron de acuerdo para jugar en pared: el mandatario de la república, desde Cayma, Arequipa; el Premier, desde el local de la CGTP, en Lima.

Durante la inauguración de la dotación de agua para varios poblados del distrito arequipeño, Humala Tasso  señaló que “el respeto a la vida es fundamental”. Hablando de manera pausada y haciendo esfuerzo por hacerse entender en medio de la altura caymeña, dijo que “No hay ningún ánimo ni voluntad de parte del Gobierno de confrontación o de usar la fuerza”.

Entre tanto, una de las primeras medidas que dispuso el flamante premier, Juan Jiménez Mayor, fue la creación de la denominada “Oficina de Dialogo  Nacional”.  Funcionará al interior de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en remplazo de la anterior “Oficina de Prevención de Conflictos Sociales”.

Precisó que no se trata de un simple cambio de nombre, sino de una nueva metodología que el Ejecutivo pondrá en operación, cuyo propósito es evitar más derramamiento de sangre en el Perú.

Inmediatamente se reunió por la tarde con el secretario general de la CGTP, Mario Huamán,  y anunció que hará lo mismo con los empresarios de la Confiep.

Notoriamente preocupado por las protestas de los maestros de la facción del Sutep, denominada Conare, que rodearon las instalaciones del Ministerio de Educación, en el residencial barrio capitalino de San Borja,  dijo que “Este es el momento de construir paz y tolerancia, dejando de lado ideologías de muerte”.

Y, en llamado a todos los sectores,  pero haciendo otra vez alusión directa a los profesores del Conare, remarcó: “Pongamos fin al terrorismo”.

Esta sumamente claro que el Gobierno del señor Ollanta Humala Tasso ante el visible fracaso de su mortal política militarista que ha dejado en apenas un año diecisiete muertos, se ha propuesto lo  que parecería ser una suerte de giro.

Iría del militarismo al diálogo. La salida de tres ministros de formación militar -.y sus respectivos remplazos por civiles-  en tres sensibles carteras como la PCM, el ministerio de Defensa y el de Interior, abonarían en ese sentido.

Sin embargo se fueron los ejecutores militares, los técnicos maltares, pero pareciera que ha quedado la línea embrollada en palabras de apariencia tolerante y democrática. Pudiera pensarse que hay la intensión, pero de buenas intensiones está empedrado el infierno.

Empero, inmediatamente salta la duda cuando tanto el mandatario de la república como su flamante Premier enfilan sus baterías para lo que serían -a sus maneras de ver- grupos terroristas que estarían detrás de las protestas populares.

De ahí, dentro de esa lógica estatal, la comprensible insistencia para que quienes estarían y actuarían al influjo de esa “ideología de muerte”, deslinden.

O sea, volvemos a lo mismo. Las protestas no tendrían ni razón, ni derecho, ni legitimidad porque estarían supuestamente movidas por “terroristas”.

Y como el denominado terrorismo constituye delito, es, por tanto, perseguible, reprimible. Y, siendo así, ¿quién va a estar en contra de eso? Y Entonces las puertas para legitimar no solo la represión, sino eventuales nuevos muertos quedan ampliamente abiertas.

Tal parece que el inicio del  segundo tramo del gobierno denominado “nacionalista”, la táctica estará caracterizada por una más intensa asociación, ligazón de las luchas populares con el denominado “terrorismo”.

Se viene, en consecuencia, la detención de toda persona supuestamente “terrorista”. De hecho ya empezaron las denuncias al respecto.

Uno de ellos es el profesor Efraín Condori, con el que quizá muchos –incluidos los maestros- no estén de acuerdo, algo perfectamente democrático por cierto, pero no por ello se le puede llamar terrorista. Incluso aún cuando abiertamente se haya pronunciado a favor de una determinada ideología.

Nos guste o no la propia Constitución de la República ampara el derecho de pensar, el derecho a las ideas, a tenerlas, a asumirlas. No hay persecución por razón de ideas. No hay delito de opinión.

En todo caso, el derramamiento de sangre ha venido de parte del status quo. El que se haya conformado una “Oficina de Diálogo Nacional”, así como el hecho de que se insista –de manera saludable, si se expresa en la práctica- en evitar más derramamiento de sangre, revela una cierta conciencia de culpabilidad. Seguramente por eso, por conciencia que acusa, el propio mandatario ha dicho “El respeto a la vida es fundamental”. Algo que, por cierto, suscribimos plenamente.

Empero, nos queda una duda: ¿Con què ideología se han producido los diecisiete muertos? ¿No es con la del neoliberalismo? ¿O los que dispararon eran comunistas, “terroristas”?

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Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana se solidariza con maestros huelguistas

Un gesto digno

Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Salvador Piñeiro, se solidarizó esta mañana con los maestros que acatan una huelga nacional indefinida.

El máximo representante de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Salvador Piñero, acompañado del alcalde provincial de Huamanga, Amílcar Huancahuari Tueros, se solidarizó esta mañana con los maestros que acatan la huelga indefinida desde el 20 de junio pasado.

Ambas autoridades, luego de cumplir con las actividades cívico militares que se realizaron en la Plaza Mayor de Ayacucho con ocasión de celebrarse un aniversario más de la Independencia del Perú, se desplazaron inmediatamente a la Casa del Maestro, lugar donde se encontraban concentrados cientos de maestros. Al llegar, fueron invitados por los dirigentes a subir al segundo piso, desde donde ambas autoridades se dirigieron a los maestros.

En ambos casos, el gesto estuvo acompañado del compromiso de promover el diálogo con las autoridades gubernamentales.

Vicepresidente Regional de Ayacucho se solidariza con maestros en huelga.
Demanda al gobierno central abrir diálogo para dar solución a problemática magisterial.

En un amplio comunicado remitido a la redacción de los medios de la región, el vice presidente del Gobierno Regional de Ayacucho, Efraín Pillaca Esquivel, expresó su solidaridad con los maestros en huelga y reclamó a los presidentes regionales, entre ellos al propio Wilfredo Oscorima, junto a los representantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales a actuar de interlocutores con el gobierno central.
"Por ser hijo de profesores, considero pertinente pronunciarme en relación a la huelga indefinida del sector magisterial que supera los 30 días en la región de Ayacucho y  otras regiones del país; sobre la cual expreso mi preocupación y enfado, porque no es posible que nuestros niños y jóvenes estén sin estudiar, a falta de una solución por parte del Estado a un justo reclamo", precisó la autoridad regional.
En la víspera, Wilfredo Oscorima Núñez, titular del Gobierno Regional, fiel a su estilo oficioso, se pronunció en una radio local, en contra de los maestros en huelga e insinuó la eventualidad de propiciar una confrontación entre los padres de familia y los profesores, si éstos no regresan a sus aulas.
El pronunciamiento de su vice presidente se produce luego de un prolongado silencio provocado por la pugna entre ambas autoridades.

LO EXIMEN DEL DELITO DE LESA HUMANIDAD

Un fallo con falla

Javier Villa  Stein justifica Resolución y asegura: “El Derecho Penal no puede ser instrumento para venganzas”, dijo.

“El delito de lesa humanidad viene desde la Segunda Guerra Mundial, con la sentencia de Núremberg, y fue establecido porque se afectó  a la población civil. Tiene que ser un delito generalizado (sistemático), como lo señala también el Tribunal Penal Internacional de Roma. Eso no se da en este caso. Además, el fiscal en su acusación no solicitó condena por delito de lesa humanidad. (…) El Derecho Penal no puede ser instrumento para venganzas.”, así, en esos términos, el magistrado Javier Villa Stein justificó  la Resolución de la Corte Suprema que él preside.

La Resolución reduce las condenas de 25 a 20 años de los sentenciados del Grupo Colina. Montesinos, Hermosa Ríos, Pichilingüe, entre otros condenados por el delito de lesa humanidad, se benefician directamente con la medida judicial.

Pero, lo que más llamó la atención fue que el magistrado Villa Stein, para pretender fundamentar la controvertida Resolución, dijese que “era una forma de compensar la violación del  plazo razonable” que habría afectado a los condenados.

El presidente de la república, Ollanta Humala Tasso, mostró su sorpresa y extrañeza por la Resolución. “Supongo que tendrán argumentos de peso“, dijo. Y agregó que inmediatamente presentarán la apelación. “En estos momentos lo deben estar haciendo“, precisó.

El ministro de Justicia confirmó la apelación al tiempo que calificó de “Vergüenza” lo dispuesto por la Corte Suprema.

La representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Gloria Cano, por su parte, también cuestionó la Resolución.

Todo indica que, una vez más, se buscan seudo salidas judiciales con nombre propio para favorecer a determinados actores de la guerra interna producida en nuestro país entre 1980 y 1992, frente a un problema que es a todas luces político y cuya salida es necesariamente política.

Empero, el Estado y sus diversos estamentos están hace buen tiempo entrampados en un asunto que, antes que judicial, es político.

El tema es usado de manera recurrente para atizar pugnas y contiendas entre grupos y facciones, para erosionar el ánimo no solo de los familiares de las víctimas, sino de las propias Fuerzas Armadas.

Más allá de que la Resolución Suprema resulte cuestionable, en lo que tiene razón el señor Javier Villa Stein es en que el derecho no puede ser usado como instrumento de venganza.

Tal parece que un sector pretende que el enfrentamiento entre peruanos prosiga por los siglos de los siglos. Hay quienes, pareciera, están, hace buen tiempo también, judicializando su venganza. En tanto que más del 90% de desaparecidos continúan “bien” desaparecidos.

Al respecto, no hay una política de Estado para encontrarlos. Salvo algunos casos denominados emblemáticos, como los de La Cantuta y Barrios Altos, el resto no pareciera interesar a nadie.

ECONOMÍA

LEY DE REFORMA DE LAS AFP

Obliga a trabajadores a aportar

Lo harán a AFP elegida por concurso. 17 Millones de la PEA aportarán si o si

La mañana del 20 de julio amaneció con la noticia de la aprobación, por parte del Ejecutivo, de la denominada Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones (SPP) la misma que obliga a los 19 millones que conforman la Población Económicamente Activa (PEA) a aportar a un Fondo Privado de Pensiones. Actualmente, apenas dos millones están en el SPP  que se instauró hace veinte años durante el régimen del señor Fujimori.

El año pasado los afiliados al sistema privado perdieron alrededor de 2 mil millones de soles, pero las AFP no dejaron de ganar. El monto que obtuvieron fue de 900 millones de soles.

La idea era reducir el pago por Comisiones que cobran las AFP, que asciende al 2% del aporte cuando en Chile es solo el 0,7%. Por lo menos así lo entiende el congresista Johnny Lezcano.

Aunque el  Ejecutivo justificó la Ley señalando que permitirá la competitividad y, en consecuencia, la reducción del pago por Comisiones, esto no es seguro.

Un sector de la gran prensa lleva el debate por el lado de si el cobro se hace sobre el sueldo o sobre el saldo del aportante. En cualquier caso sale de la misma correa: del sudor de la masa trabajadora. Así lo ve el laboralista César Gonzales Hant, para quien, sin embargo, la Ley es constitucional.

Y la norma, precisamente, aborda sueldo y saldo. En un proceso que durará diez años, se producirá una suerte de transferencia en el cobro de dicho pago por Comisión que pasará del sueldo al saldo. En el primer año, explica el economista Elmer Cubas, se tomará 90% del sueldo y 10% del saldo; en el segundo, será 80% y 20%, respectivamente, hasta llegar al décimo año en el que se cogerá 10% del salario y 90% del saldo.

Alrededor de veinticinco congresistas, por su parte, criticaron la Ley calificándola de inconstitucional porque tocaría fondos económicos considerados intangibles por la Carta Magna y afectaría el derecho a la libre información como el de la denominada propiedad privada. Dijeron que presentarán una Acción de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).

Sin embargo, lo inconstitucional parece estar más bien en el carácter compulsivo de la norma al obligar si o si a aportar a los diecinueve millones de trabajadores que conforman la PEA. Además, con un la tercera parte del aporte que realiza el afiliado paga en verdad todo lo que le van a devolver como pensión. Las otras dos terceras parte queda como exorbitante ganancia de las AFP.